HACIA UNA CRÓNICA DEL DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA DE 1933-1936: LOS MATERIALES DEL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ^*

Boletín de la Real Academia Española
[BRAE · Tomo XCVII · Cuaderno CCCXV · Enero-Junio de 2017]
http://revistas.rae.es/brae/article/view/185

Resumen: A través de los documentos conservados en el Archivo de la Real Academia Española, este trabajo se propone realizar una aproximación a la cronología de los trabajos efectuados en el primer Diccionario histórico de la lengua española, así aportar datos para identificar a los académicos redactores y revisores de los artículos elaborados en el marco del proyecto (tanto de los publicados en los años 1933-1936 como de aquellos que han permanecido inéditos). Del mismo modo, se señala la importancia que revisten estas fuentes documentales (en particular, los libros de actas y los libros de contabilidad) para intentar reconstruir los pasos que guiaron, en esos años, la constitución de la base documental del repertorio mediante la confección de papeletas extraídas de diversas obras y preparadas por un amplio elenco de colaboradores.

Palabras clave: lexicografía histórica del español; Real Academia Española; fuentes archivísticas; ficheros de papeletas.

TOWARDS A CHRONICLE OF THE DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1933-1936): DOCUMENTS FROM THE ARCHIVO OF THE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Abstract: Using documents preserved in the Archivo of the Real Academia Española, this work aims at offering an overview of the works that were developed for the first Diccionario histórico de la lengua española. Additionally, it will provide the necessary data to identify those RAE members who wrote and revised the entries made for that project (including not only those published during the years 1933-1936, but also those that have remained unpublished). Finally, this study highlights the importance of revisiting these types of sources (particularly, minute and account books) to try to rebuild the steps that, during those years, guided the constitution of the primary sources for the dictionary, organized by means of lexicographical cards extracted from diverse books and prepared by a wide range of collaborators.

Keywords: Spanish historical lexicography; Royal Spanish Academy; archive sources; library filing cabinets and cards.

Introducción

En 1914, la Comisión del Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española publica el Plan general para la redacción del Diccionario histórico de la lengua castellana; los académicos que integran esta comisión (Emilio Cotarelo y Mori, Jacinto Octavio Picón, Eduardo de Hinojosa, José Alemany Bolufer y, sobre todo, el arabista Julián Ribera y Tarragó, redactor del texto) plantean

Que debe publicarse un Diccionario que no sea el vulgar, ni uno que sea una nueva ampliación erudita de éste, en que vengan a repetirse los vocablos con las autoridades expresas en vez de las implícitas o no expresas que ahora tiene, sino otro de mayor empeño, que preste otros servicios, a saber: uno que contenga los materiales acumulados y otros nuevos, si preciso fuese, a fin de que constituya el Diccionario histórico de nuestra lengua, en que aparezca la evolución de las palabras, tanto en su forma como en su significado, único modo de que pueda estudiarse la vida de nuestro idioma (Plan general para la redacción del Diccionario histórico de la lengua castellana, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914, pág. 8).

La publicación de este opúsculo marca un punto de inflexión en la lexicografía histórica del español, pues nos informa sobre el cambio de rumbo que experimenta el largo y acariciado proyecto de redactar un nuevo Diccionario de Autoridades en la Academia¹. Si bien ese plan no se abandona por completo, la docta corporación se dedicará desde entonces, con intensidad variable, a construir lo que será –aunque parcial– el primer Diccionario histórico del español. Pese a ese carácter pionero, no son muchas las páginas que se han escrito sobre la cronología de este diccionario o sobre los pormenores de su proceso de redacción; probablemente, la frialdad con que el repertorio fue acogido –a causa de sus debilidades en el plano filológico y a su metodología lexicográfica, excesivamente continuista– explica el escaso interés que ha suscitado la obra, que no ha sido objeto de un análisis detallado². Sin embargo, aunque solo sea por su primogenitura, la historia de este diccionario merece rescatarse del silencio para poder comprender y valorar un episodio de vital importancia en la lexicografía del español³.

En algunos estudios, no obstante, se incluyen datos de gran relevancia para reconstruir el proceso de planificación y redacción de la obra. Las primeras informaciones figuran ya en los preliminares del segundo volumen del Diccionario histórico, publicado en abril de 1936. Si en el primer tomo (que lleva la fecha de 1933, pero que salió de las prensas realmente a fines de marzo de 1934) no se identificaba a los académicos responsables del repertorio (pues, de acuerdo con la tradición del diccionario «vulgar», se incorporaba únicamente la lista de académicos de número y correspondientes), en el segundo volumen se enumeran los integrantes de la Comisión del Diccionario de Autoridades y la lista de «Ponentes para el presente tomo», con indicación expresa de los tramos de artículos en que habían participado: Vicente García de Diego (B a Buzos y Can a Cazuz), Armando Cotarelo Valledor (C a Camuzón) y Julio Casares (Ce a Cevilla)⁴.

Por otro lado, el examen de los documentos custodiados en el Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal ha permitido a José Ignacio Pérez Pascual perfilar algo más la intrahistoria del Diccionario histórico⁵; en ese fondo documental, Pérez Pascual localizó y transcribió el documento titulado «Estado del original del tomo iii»:

Pérez Pascual (op. cit.) también daba noticia de otro documento, custodiado igualmente en la Fundación Ramón Menéndez Pidal y titulado «Proyecto de trabajo para realizar en dos años y su coste», en el que se proponía que, durante 1936, Julio Casares se ocupase de corregir las columnas que ya había redactado (cia-cluniciense), mientras que se confíaba a Vicente García de Diego la revisión y corrección de las columnas asignadas anteriormente a Armando Cotarelo Valledor (co-contrincante). Además, García de Diego asumía también la redacción de la mitad de la sección contristar-czarina (60 columnas), mientras que Casares se hacía cargo del resto (61 columnas⁶):

En el Archivo de la Real Academia Española se conserva un documento (legajo 296, 9-4), fechado el 15 de enero de 1936, que precisa con mayor detalle la planificación de las tareas diseñadas para concluir el tomo iii del Diccionario histórico; en él se indica que la Junta de gobierno de la Academia, en su sesión del 11 de enero de 1936 «ha acordado que se reanuden y prosigan con la mayor actividad posible los trabajos para la publicación del Diccionario Histórico», que se habían suspendido –como se indicará en § 2.3– por problemas económicos. Para ello, se propone consignar, en los presupuestos de 1936 y 1937, una cantidad de 40000 pesetas anuales correspondientes al pago de honorarios de los redactores, con el fin de concluir el tomo tercero, «que comprenderá desde cia a deslindar», y se acuerda la siguiente distribución del trabajo:

El Sr. Casares entregará a la imprenta y corregirá el original que ya tiene compuesto (cia a cluniense y ch a daza), y compondrá y corregirá las combinaciones craso a czarina y desalforjar a deslindar.

El Sr. García de Diego corregirá el original del Sr. Cotarelo Valledor (co a contristar) y compondrá y corregirá contristar a crasitud y de a desalfombrar.

Los trabajos del tomo iv se planearán próximamente.

Por lo que respecta a la última etapa de vida del proyecto, conviene recordar las palabras de Manuel Seco quien, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, señaló que, tras la conclusión de la Guerra civil española, «se reanudaron los trabajos, pero de manera tan lánguida que más que de actividad había que hablar de parálisis progresiva. El equipo se había reducido a la mínima expresión, y faltaban absolutamente los medios» (op. cit, pág. 36). La carestía de recursos se revela en el desolador retrato que traza Seco de estos últimos años en la vida del diccionario:

Trabajaron en esta etapa, al principio, dos académicos del equipo anterior –don Julio Casares y don Vicente García de Diego– y dos colaboradores no académicos –don Luis García Rives (que después continuaría breve tiempo cuando se fundó el Seminario de Lexicografía) y Martín Alonso Pedraz–. Luego quedaron solamente Casares y García Rives. Las primeras capillas del volumen iii, y los restantes materiales inéditos del mismo, que llegan hasta la voz efélide, se conservan en la Biblioteca de la Academia (M. Seco, op. cit., págs. 62-63, n. 37).

El Diccionario histórico de 1933-1936 a la luz de los documentos custodiados en el Archivo de la Real Academia Española

El estudio de la variada documentación conservada en el Archivo de la Real Academia Española (entre los que cabe mencionar, por su importancia, los libros de actas de los plenos académicos, los libros de actas de la Comisión administrativa, los documentos relativos a la Fundación Conde de Cartagena y, en particular, los libros de contabilidad de la institución), así como el examen de los materiales inéditos del Diccionario histórico de la lengua española (29 legajos que ofrecen la historia de los artículos comprendidos entre cia y efélide) permite hoy efectuar una aproximación más pormenorizada al progreso de los trabajos que condujeron a la elaboración de los dos tomos del Diccionario histórico publicados, así como de la no menos interesante parte inédita, en cuyo análisis estoy trabajando⁷.

Estos documentos permiten no solo establecer una cronología más precisa, sino también poder identificar a buena parte de las personas que se ocuparon de la preparación de las papeletas que conformaban la base textual del proyecto. Por otra parte, su lectura permite afirmar sin lugar a dudas que no nos hallamos ante un diccionario debido solo a la paciente labor de los cuatro académicos citados hasta el momento, sino que en él tomó parte activa José Alemany Bolufer, así como una reducida serie de colaboradores no académicos, que asumieron diferentes responsabilidades en el trabajo lexicográfico. Con el fin de describir esa cronología, se establecerá una periodización en cuatro etapas: a) el período preparatorio –que abarca los años 1914-1918–; b) la primera etapa –que comprende los años 1919-1926–, en la que se inician los trabajos de redacción; c) la segunda etapa –1927-1936–, período en que se retoma con ritmo constante la composición del Diccionario histórico, cuyos dos tomos saldrán de la imprenta en 1934 y 1936; y d) la etapa final –1940-1946–.

Etapa preparatoria: 1914-1918

La contabilidad de los años 1911-1914 muestra claramente la intensificación de las labores preliminares conducentes a construir unas bases documentales ricas para poder afrontar la ulterior redacción del Diccionario histórico. En los libros de cuentas correspondientes a 1910 (libro 187), 1911 (libro 188) o 1911-1912 (libro 189) se reflejan las reuniones de la Comisión del Diccionario de Autoridades, pero solo en el tercer trimestre de 1912 comienzan a anotarse pagos –al principio esporádicos, pero pronto regulares– por la confección de papeletas «para el Diccionario de Autoridades». De este modo, el 26 de agosto y el 15 de octubre de 1912, Manuel Elers firma sendos recibís por 500 cédulas⁸; al año siguiente (el 26 de agosto de 1913), se especifica que entrega 500 fichas más «sacadas del libro de Plinio»⁹.

La labor de despojo de textos y la consiguiente confección de papeletas se incrementa llamativamente en el año 1914, hecho que se plasma en el importe de esta partida en el presupuesto de esa anualidad, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

El estudio de los recibos firmados por los papeletizadores permite, al tiempo, comprobar la cadencia de las entregas y, en ocasiones –aunque esta información solo se consigna ocasionalmente–, reconstruir la nómina de textos que eran objeto de atención en aquellos años; valga como muestra del ritmo creciente que va tomando esta tarea la lista de comprobantes de febrero de 1914¹⁰:

Esta intensa labor de vaciado de textos y elaboración de cédulas –que, como se muestra en la tabla 3, se sostiene durante todo el año¹¹– se halla en el origen de las palabras que Antonio Maura, Director de la Academia, dirige el 22 de octubre de 1914 al pleno; en su alocución, Maura manifiesta que, tras haber asistido a las reuniones de la Comisión del Diccionario de Autoridades en los seis meses previos, había comprobado el progreso de las tareas preparatorias para la redacción del repertorio y, en concreto, «el cúmulo enorme de papeletas con textos de autoridades destinadas a enriquecer y fijar las acepciones de las voces» (ARAE, libro 40, fols. 343v-344r).

En tal circunstancia, la Comisión, «creyó llegado el momento de comenzar a ordenar y escoger los textos que en definitiva han de formar el caudal del futuro léxico histórico». No obstante –advertía el Director–, la confección de tal diccionario no podía fiarse solo a las fuerzas de los integrantes de la Comisión, sino que, para que «una obra tan vasta pudiese caminar o desarrollarse con la rapidez compatible con una perfección relativa», debía contar con el «auxilio de algunos otros señores Académicos, los que pudiesen dedicarse a tan honrosa tarea» (ARAE, libro 40, fol. 344r). En su intervención, Maura señala, además, que, para fijar los límites y contenidos de la obra, Ribera y Tarragó había redactado (y leído en el pleno) «un informe comprensivo de aquellos extremos». Asimismo, desgrana los principios básicos que se habrían de seguir en la redacción del diccionario:

• Los académicos deberían trabajar por porciones del diccionario, que después se someterían a revisión, con el fin de dotarlas de la necesaria homogeneidad o coherencia, «y siempre con asistencia del autor, por la Comisión reunida y en último término aprobado por la Academia» (ARAE, libro 40, fol. 344r).

• Los lotes asignados a cada académico se distribuirían «por combinaciones de letras […], de modo que no resultase abrumadora la porción que a cada uno se adjudicase y pudiese entregarla despachada en tiempo oportuno para que la Comisión no estuviese en ningún momento sin materia que examinar» (ARAE, libro 40, fol. 344r)¹².

No obstante, el llamamiento de Maura para que los académicos comunicasen al Secretario su voluntad de colaborar «en obra tan honrosa para todos» no debió de suscitar la respuesta que se aguardaba; quizá por ello al año siguiente se adoptan nuevas medidas que puedan incentivar la participación de otros integrantes de aquel cuerpo literario¹³. Pese a ello, durante estos años continúan las tareas vinculadas a la elaboración de las papeletas, pues, sin su concurso, la redacción del diccionario se convertía en una tarea irrealizable¹⁴. El estancamiento del proyecto, que todavía se hallaba en su fase embrionaria, motiva nuevas apelaciones del Director a la corporación: el debate decisivo a este respecto parece vivirse en los dos últimos meses de 1918: así, en el pleno del 28 de noviembre de 1918, Maura somete a la consideración de la Academia «si se había de componer un Diccionario manual de nuestra lengua y activar la redacción del Diccionario histórico de la misma» (ARAE, libro 41, pág. 684). Aunque la primera cuestión es la que parece centrar el interés de los académicos, en la siguiente sesión (celebrada el 5 de diciembre de 1918),

Se acordó también que para activar la composición del Diccionario histórico de la lengua los señores Académicos que deseen trabajar en él se sirvan avisar en la Secretaría a fin de poder hacer la distribución de las combinaciones de letras, según el número de los que hayan de redactarlas.

El que suscribe [Emilio Cotarelo y Mori] leyó las bases reformadas para este mismo Diccionario y quedaron aprobadas después de algunas alteraciones y advertencias hechas por varios Sres. Académicos (ARAE, libro 41, pág. 687).

En esta ocasión, la empresa de afrontar la redacción del Diccionario histórico cayó en terreno propicio, pues las actas reflejan la discusión que se vive en el pleno acerca de cuestiones de técnica lexicográfica y, en particular, la relativa a la inclusión de ciertas voces en la macroestructura del repertorio; se deja sentir así la voz de José Alemany Bolufer (quien, como se comprobará, ha de considerarse el primer académico redactor del diccionario), que consulta a la junta si tendrían cabida en ese diccionario «las voces no autorizadas o los neologismos poco justificados» (ARAE, 19 de diciembre de 1918, libro 41, fol. 693), asunto que genera una polémica tan viva que obliga a que la resolución se aplace para otra reunión. Y, en efecto, el 26 de diciembre de 1918 se fija el criterio para su admisión, pues se acuerda

incluir aquellas palabras pertenecientes a los autores que como autoridades figuran en los tomos del Diccionario antiguo de Autoridades y los admitidos por la Academia después, siempre que no sean palabras de mero capricho inventadas ocasionalmente por el mismo que las emplea, y sin ánimo de que figuren incorporadas al caudal del idioma común (ARAE, libro 41, pág. 695).

Al tiempo, se debaten otros asuntos referidos a la microestructura, como la ordenación de las acepciones (que debe seguir fielmente la establecida en el Diccionario usual) y las características de los artículos del repertorio, que deben elaborarse «con sujeción a las reglas ya aprobadas por esta Academia e impresas en el tomo comprensivo del plan para llevarlo a cabo» (ARAE, libro 41, pág. 695).

Primera etapa: 1919-1926

Los trabajos de preparación del original del Diccionario histórico se inician ya en 1919¹⁵, precisamente de la mano de José Alemany Bolufer, quien, a partir de marzo de 1919, efectúa una serie de entregas de artículos, tal y como prueban los comprobantes incluidos en la contabilidad de los años 1919 y 1920 (libros 201 y 202):

Durante el año 1919 prosigue el enriquecimiento del fichero; aunque supera los objetivos de este trabajo precisar la nómina íntegra de los responsables de la confección de las cédulas o de su contenido, es importante señalar que en este período destacan las aportaciones de Emma Bonaplata, Lorenzo García Hughes, Consuelo González, Román Murillo y José A. Pabón.

Sin embargo, en 1920 el aporte económico en ese capítulo decae drásticamente, en consonancia con la fuerte caída experimentada ya en los últimos trimestres del año 1919:

Esa intensa ralentización del engrosamiento del fichero se prolonga durante varios años, hasta el punto de que en 1924 no se destina ya ninguna cantidad a la elaboración de cédulas. La paralización de las labores se plasma en las actas del pleno de la Academia, en las que se recogen, una vez más, las palabras del Director, Antonio Maura, quien expresa, el 13 de noviembre de 1924, «la conveniencia de activar los trabajos del Diccionario de Autoridades a fin de que en plazo no lejano pudiera salir siquiera el tomo primero»; y para ello, solicita nuevamente «el concurso de aquellos señores académicos que quisieran tomar a su cargo alguna combinación de la letra A, siempre en pequeña porción y con la retribución que se estimase conveniente» (ARAE, libro 43, pág. 247). Pese a que algunos académicos manifiestan su acuerdo y su predisposición a ocuparse de algún lote de artículos, lo cierto es que el llamamiento del Director (quien agradece esa voluntad de colaboración y ofrece «continuar el estudio de este asunto en juntas sucesivas») debió de caer nuevamente en terreno infecundo, pues los trabajos seguirán interrumpidos y no se reemprenderán con paso firme hasta 1927, ya de la mano de un nuevo Director (Ramón Menéndez Pidal) y con el concurso de dos académicos: José Alemany Bolufer y Vicente García de Diego.

Segunda etapa: 1927-1936

En este nuevo período, será nuevamente José Alemany Bolufer quien asuma, en un primer momento, la responsabilidad de redactar una serie de artículos, si bien en 1927 comienza también a elaborar materiales Vicente García de Diego, aunque no realizará ninguna entrega hasta 1928, como se puede comprobar en la tabla 8 ¹⁷. Aunque los trabajos comienzan antes, hemos de esperar hasta el acta del 7 de diciembre de 1927 del pleno de la Academia para obtener un nuevo dato sobre el progreso de la obra, pues en ella se indica que, a propuesta de la Comisión administrativa, se acuerda retribuir las tareas de preparación del denominado Diccionario de Autoridades. En virtud de esta resolución, los académicos colaboradores percibirán doscientas pesetas por columna: ciento cincuenta a la entrega del material y las restantes cincuenta tras la corrección de pruebas (ARAE, libro 44, p. 288).

Aunque José Alemany Bolufer seguirá formando parte de la Comisión del Diccionario de Autoridades hasta su fallecimiento, acaecido en octubre de 1934, en el año 1933 ya se observa que su papel será determinante en la decimosexta edición del Diccionario vulgar, tal y como se refleja en los libros de cuentas de la institución, circunstancia que puede explicar su desvinculación del Diccionario histórico en la década de los años treinta²⁰.

No se detiene tampoco, en este período, el trabajo de aumento del fichero, pues en los libros de cuentas se refleja una actividad constante –aunque de moderada intensidad– de confección de cédulas; en el año 1927, por ejemplo, se verifican los siguientes trabajos:

En 1928 se suman a esta tarea –entre otros– Manuel Alemany, Carmen García de Diego, Esperanza de Hinojosa y Eduardo Viqueira.

No obstante, será a partir de 1931 cuando se activen con mayor vigor las tareas conducentes a publicar los dos tomos del Diccionario histórico; en esta etapa prosigue con su labor Vicente García de Diego, quien se hace cargo de la corrección y revisión de secciones ya entregadas, así como de la preparación de nuevos lotes de artículos²¹. A partir de 1931 se suma al proyecto Emilio Cotarelo y Mori (si bien con una escasa participación, pues únicamente colabora en el repertorio durante este año)²². Y será también en 1931 cuando inicie su colaboración (poco valorada, como es bien sabido, por Ramón Menéndez Pidal), Armando Cotarelo Valledor, quien asumirá la organización de una notable proporción de artículos:

Según los datos de que disponemos (y que se desgranan en la siguiente tabla), en marzo de 1933 ya se había completado el proceso de corrección de los artículos que habían de figurar en el primer tomo del Diccionario histórico y, además, se disponía de una considerable sección de los que se incorporarían al segundo volumen; en esta fase se verifica la incorporación al diccionario de Julio Casares Sánchez (en concreto, en 1932), si bien no comienza a entregar material hasta 1933²³:

Finalmente, el primer volumen del Diccionario histórico saldrá a la venta a finales de marzo de 1934, aunque con fecha del año anterior²⁴; de hecho, en los libros de contabilidad se conserva también un comprobante firmado por Fernando Marco (con fecha del 4 de agosto de 1933), por importe de 100 pesetas y en concepto «del dibujo hecho para la portada del Diccionario de Autoridades» (n.^o 6). Los contactos con las editoriales habían comenzado varios años antes; la oferta de Espasa-Calpe (legajo 296, 3-1) proponía repartir los costes de la obra: la Academia se haría cargo de los gastos de confección del original, en tanto que la empresa editora afrontaría los derivados de la impresión y distribución del Diccionario. Las negociaciones, no obstante, debieron ser más exitosas con la Librería y Casa Editorial Hernando, que ya en abril de 1929 (legajo 296, 3-2) remite a la Academia ocho muestras de composición, con el detalle de las letras que entrarían en cada pliego de 16 páginas y los costes de la tirada de 10000 ejemplares, así como las condiciones de venta del denominado, todavía, Diccionario de Autoridades²⁵.

Las tareas de elaboración del segundo tomo no se detienen, sin embargo, ante la gestión desarrollada alrededor de las condiciones de publicación y venta del primero; entre 1934 y 1936 continúan trabajando en la preparación y corrección de materiales Armando Cotarelo Valledor, Vicente García de Diego y Julio Casares Sánchez:

Los libros de cuentas facilitan algún dato adicional y relevante para comprender otros pormenores del sistema de trabajo desarrollado; así, los comprobantes firmados por J. Casares Sánchez parecen mostrar que, aunque las tareas de redacción se efectuaron en esta etapa –al menos al principio– a partir del Diccionario de la lengua española de 1925 (esto es, de la decimoquinta edición, punto de partida de la revisión de las casi dos columnas que abarcan los artículos clípeo y cluniense, según el recibo firmado el 19 de abril de 1934), en algún momento se comenzó a emplear como base la decimosexta, pues a ella se referirá de manera explícita, a partir de ese momento, en estos escritos: es esta la edición mencionada, por ejemplo, en mayo de 1934, en la sección que abraza los artículos comprendidos entre chambón y chapó o, en junio de 1935, para las monografías incluidas entre las entradas danzado y daza.

Durante estos años tampoco cesa la elaboración de cédulas; en la nómina de papeletizadores cabe mencionar la integración de nuevos colaboradores en la década de los años 30, como Pedro Avellano, Luis Botana Rose, Fernando García Araujo, Dolores Freixa, Francisca Rodríguez y Ana de los Santos Mora, sin olvidar la participación de Ramón Cabanillas, quien comienza a prestar sus servicios en este ámbito en septiembre de 1932. Debe calificarse como crucial la incorporación de Fernando Casares desde marzo de 1933, quien –como se mostrará enseguida–, advertirá a los académicos de las carencias filológicas de la obra y de las consecuencias que tal circunstancia podía tener para la futura recepción del diccionario²⁶.

Como muestran las tablas, el grueso del trabajo se desarrolla entre los años 1933 y 1935. Pese a que los listados transmiten, en esta segunda etapa, la imagen de una obra realizada con constancia y regularidad, lo cierto es que el proyecto hubo de superar períodos de parálisis y obstáculos de diversa índole. El sistema de pago acordado por la realización de los trabajos (150 pesetas por columna a la entrega de cada lote de artículos y 50 pesetas en el momento de su impresión) generará un importante problema económico, pues la corporación debía afrontar el abono de las cantidades que los académicos redactores debían percibir a la publicación de la obra. La solución adoptada por la corporación consistió en obtener esos fondos de la Fundación Conde de Cartagena; como se puede comprobar en el balance del ejercicio económico de 1933 (legajo 846), se destina, en efecto, una partida al abono de estos trabajos²⁷:

Estas cuentas (que aprobará definitivamente el 11 de julio de 1942 la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional) muestran unas cifras inferiores a las que se presentarán en el siguiente ejercicio, de 1934, en que se anotan nuevos cargos relacionados con la elaboración e impresión del Diccionario histórico:

A su vez, en 1935 (cuentas aprobadas el 29 de diciembre de 1943) se destinan 15050 pesetas a los «trabajos de investigación y preparación del Diccionario Histórico» de Vicente García de Diego²⁸. Precisamente en 1935 las tareas de elaboración del Diccionario histórico hubieron de suspenderse temporalmente, debido a la delicada situación económica que atravesaba la corporación; en concreto (como relata con pormenor A. González de Amezúa, Tesorero de la Academia), el problema surge por la posible interpretación que el Ministerio de Instrucción Pública pudiera realizar de los «sobrantes» procedentes de la Fundación Conde de Cartagena:

La liquidación del Presupuesto de la Academia para 1934, que arroja un déficit de Ptas. 111783.21 representado por una cantidad igual a la diferencia entre sus ingresos propios (Ptas. 264010.95) y los gastos realizados (379332.42) pone de manifiesto un hecho que no se había ocultado al Tesorero que suscribe al tiempo de tomar posesión de su cargo y comienzo de aquel ejercicio, a saber que la Academia no puede en modo alguno llevar el actual ritmo económico, sin contar con los sobrantes de la Fundación Cartagena. En este supuesto preparó y presentó a la Junta el Presupuesto que ha regido para 1934, cuya liquidación se ha apartado poco de la cantidad presupuesta para cada uno de los capítulos […]. Pero este régimen económico no puede en modo alguno continuar, mientras el Ministerio de Instrucción Pública no defina de modo legal y resolutorio su criterio sobre la aplicación de los referidos sobrantes de la Fundación Cartagena, cosa que no ha hecho aún, estando pendientes de aprobación tanto las cuentas rendidas de la misma al 31 de Diciembre de 1933, como la instancia que con fecha 21 de Julio de 1934 elevó la Academia a la superioridad solicitando la interpretación más favorable a ella de las clausulas fundacionales que le permitan disponer de los susodichos sobrantes en otras atenciones que no sean el pago exclusivo de premios (ACA, 19 de enero de 1935, fols. 12v-13r)²⁹.

Ante la contingencia de una resolución desfavorable, se propone la adopción de un presupuesto extremadamente restringido para el año 1935, que supone, entre otras medidas, la «suspensión absoluta y terminante de todo pago para aquellos capítulos que no tengan asignado crédito, y en consecuencia para publicaciones, adquisiciones, y Diccionario histórico etc.», así como para las obras en curso en la Casa de Lope de Vega (ACA, 19 de enero de 1935, fol. 13v).

Meses después se retomarán los trabajos, tras recibir el Tesorero «noticias de carácter oficial sobre la resolución satisfactoria por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la instancia que le tiene hecha la Academia en consulta de la aplicación de los sobrantes de la fundación Cartagena» (ACA, 27 de abril de 1935, fol. 17v), si bien el 22 de junio de ese mismo año se propone una reorganización completa, tanto en el plano filológico (tras el examen de una ponencia encargada a Julio Casares) como en el económico (tras el preceptivo informe de González de Amezúa)³⁰. En esa misma línea –y ya en marzo de 1936–, se leerá en la Comisión administrativa un detallado escrito de Fernando Casares quien, consciente de la fragilidad de las bases documentales del Diccionario, alerta sobre «la inquietud que inspira el material puesto a disposición de los colaboradores», que advierten no pocos defectos en las cédulas que manejan:

Ya muy adelantado el primer tomo, se advirtieron algunos errores de las papeletas, rectificados para lo sucesivo: atribución a la Crón. de los Reyes Católicos de Pulgar de todo el contenido del tomo 70 de Rivadeneira; confusión del español Gerardo con Soldado Píndaro; de un Argensola con otro; de Covarrubias (Sebastián) con su hermano (Juan); atribución a Herrera y a Fr. J. de los Angeles de las anotaciones de sus editores, etc., etc. Posteriormente, y siempre por casualidad, se han corregido centenares de errores semejantes, y aunque ello es motivo de satisfacción, todo hace temer que, también por casualidad, pasen inadvertidos otros muchos centenares de confusiones y atribuciones equivocadas.

Continuando el trabajo de este modo, se corre el riesgo de que alguien ponga de manifiesto la mendacidad de una obra que tanto esfuerzo representa, desacreditándola definitivamente, con el consiguiente desprestigio de la Academia (ACA, 28 de marzo de 1936, fol. 25v).

En su escrito, Fernando Casares propone efectuar «una revisión metódica del material», para lo que considera imprescindible dedicar una ficha bibliográfica a cada obra (y ordenarlas, posteriormente, en un fichero) y describir con precisión la estructura interna de cada texto³¹. La propuesta de Casares puede calificase de posibilista y filológicamente necesaria: propugna la necesidad de cotejar las citas incorporadas a las cédulas con las probables ediciones base de las obras mencionadas, establecer un sistema homogéneo de abreviaturas de autores y obras e, incluso, construir una pequeña biblioteca de las obras empleadas con mayor frecuencia (ya provengan de la Biblioteca de la Academia o ya sean producto de un préstamo efectuado por la Biblioteca Nacional). Dada su experiencia en este ámbito, Fernando Casares se ofrece a responsabilizarse de una tarea que estima necesaria y urgente, pero que no «podría cargarse a los colaboradores, pues habrían de invertir en ello todo el tiempo que ahora dedican a la redacción del original».

La conciencia de la debilidad del diccionario en el plano filológico no se erigió en aquel momento como un obstáculo insalvable para la supervivencia de la obra, sino que se transformó en un protocolo de trabajo, ambicioso pero realizable, que pretendía solventar las lagunas y defectos observados en ese ámbito. La importancia y la urgencia de la tarea se traduce inmediatamente en el nombramiento de Fernando Casares como auxiliar de la comisión del Diccionario de Autoridades (como tal figura entre agosto y noviembre de 1936³²); su fusilamiento en la Guerra civil truncará, lamentablemente, su trayectoria en el proyecto y, por consiguiente, su plan de mejora de los cimientos textuales sobre los que se alzaba el Diccionario histórico.

Las buenas perspectivas que parecían saludar la presentación del tomo ii del Diccionario histórico en el pleno de la Academia, el 29 de abril de 1936 (ARAE, libro 46, fol. 110v), se verán pronto cercenadas por el estallido de la Guerra civil española, cuyas consecuencias convirtieron en un esfuerzo sobrehumano y en una empresa impracticable la continuación de aquel repertorio.

Etapa final: 1940-1946

Sin duda, la fractura más traumática para el Diccionario histórico la produjo la Guerra civil española. Tras su finalización, el proyecto intentará reactivarse en distintos momentos, si bien los pequeños progresos parecen deberse más a la voluntad de algunos académicos (y, en particular, de Julio Casares) que a las posibilidades efectivas de llevarlo a término. Algunos datos indican que no se detienen por completo todos los trabajos; así, a partir de noviembre de 1939, Luis García Rives (oficial de la Biblioteca de la Academia) comienza a percibir un pago mensual de 150 pesetas como «gratificación por trabajos hechos para la Comisión del Diccionario de Autoridades»³³. En abril de 1940, Martin Alonso Pedraz comenzará a prestar sus servicios en el Diccionario histórico, trabajo por el que percibirá 350 pesetas mensuales hasta el 30 de septiembre de 1941. La necesidad de resucitar el proyecto se percibe en las Actas de la Comisión administrativa de la Academia:

Nuevamente se deliberó con amplitud acerca de la reanudación de los trabajos para el Diccionario Histórico, labor fundamental de la Academia. Acordose, por iniciativa del Secretario, que todas las Comisiones de Diccionarios coadyuven a esta gran obra (ACA, 1de junio de 1940, fol. 28r).

En los años 40, por consiguiente, el Diccionario entra en una fase que –dado su conocido final– se puede calificar de terminal; aunque no se renuncia a continuar confeccionando y revisando el tomo iii (e incluso parte del iv), el ritmo decae notablemente, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, que refleja las entregas realizadas por Julio Casares Sánchez durante estos últimos años:

A partir de noviembre de 1940 se reemprenden, asimismo, las labores de enriquecimiento del fichero, de la mano, en primer lugar, de Francisca Sánchez (quien durante ese año extrae distintas cédulas del Diccionario español-latín de Nebrija o de los Ensayos de crítica filosófica de R. Menéndez y Pelayo) y de Andrés Guilmain (quien despoja el tomo i de las Obras escogidas de Bartolomé José Gallardo). Esa partida irá experimentando un paulatino aumento en los dos años siguientes, como se muestra en la siguiente tabla:

Durante esta etapa los problemas económicos y de personal asedian la obra y perjudican de manera constante la buena marcha del proyecto, de tal modo que en la sesión del 2 de junio de 1943 de la Comisión administrativa, Julio Casares expone pormenorizadamente «las vicisitudes por las que ha pasado esta empresa desde el punto de vista de la redacción del original y de las dificultades con que se tropieza por falta de colaboradores competentes, así como de los ensayos que se venían haciendo para remediar estas dificultades» (fol. 53v). Los obstáculos se centran nuevamente en la vertiente monetaria, pues poco después (23 de junio de 1943, fol. 54v) se efectúa un minucioso examen del presupuesto de Diccionario histórico durante 1942 (un total de 31270 pesetas), que el Tesorero estima excesivo³⁷. Aunque se señala que «las 8175 pesetas del Sr. García de Diego corresponden a trabajos hechos en otro tiempo y cobrados ahora», se propone reducir por completo la partida dedicada a las cédulas, puesto que, según se afirma, «por ahora lo que sobran son materiales y lo que falta es colaboración técnica para aprovecharlos». En consonancia con esta propuesta (y atendiendo a la «marcha regular de los tres años últimos (Casares-García Rives)», se dispone fijar «la partida de colaboración […] en un máximum de 15000 anuales, mientras no se disponga de nuevos elementos para intensificar el trabajo». El objetivo último de esta reducción de gasto en el capítulo dedicado al Diccionario histórico no es otra que la de «acometer la revisión del Manual, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un gasto inmediatamente reproductivo»³⁸. La Comisión, sin fisuras, acepta estos postulados.

Tras un pequeño paréntesis, se reanuda la confección de papeletas a partir de junio de 1944, como se refleja en la siguiente tabla, aunque durante esta etapa final será una tarea claramente secundaria:

Epílogo

En la sesión del 14 de noviembre de 1946, Julio Casares, como Secretario de la Real Academia Española, procede a leer un informe «acerca de las gestiones que se viene realizando ante la Superioridad a fin de obtener la ayuda pecuniaria indispensable para dar un impulso decisivo a la obra magna del Diccionario Histórico, en la que tanto empeño ha puesto la Academia» (ARAE, libro 47, fol. 335r). Tras mencionar las reiteradas entrevistas sostenidas entre el Director y el Secretario de la docta corporación con el Jefe del Estado y el Ministro de Educación Nacional, se señala que, tras la «favorable acogida» de las autoridades, la Academia se propone crear un Seminario de lexicografía. Finalmente, el 21 noviembre de 1946 (ARAE, libro 47, fol. 337r), como es bien sabido, se comunica al pleno la aprobación, en Consejo de Ministros, de un decreto por el que se instituye el Seminario de lexicografía de la Real Academia Española (disposición publicada finalmente en el Boletín Oficial del Estado del 27 de noviembre) y, de este modo, se alumbra un nuevo y apasionante proyecto de Diccionario histórico. Ese cambio de rumbo supone, al tiempo, el fin de la singladura que había decidido iniciar la Academia en 1914 –y que hemos podido seguir, al menos en parte, gracias a estela que dejó en los documentos custodiados en el Archivo de la institución–, pero también la continuidad con el compromiso adquirido más de treinta años antes de dotar al español de un diccionario histórico, «aun con las deficiencias inevitables por el momento», como rezaba, en 1934, la Advertencia que los académicos situaron al inicio del primer tomo de la obra.

Mar Campos Souto

Universidad de Santiago de Compostela